Por Armando Almánzar Botello.
Llamado al doctor Leonel Fernández Reyna, Presidente Constitucional de la República y al licenciado Eddy Matínez Manzueta, Secretario de Estado/ Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CEI-RD, (Antiguo Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX).
Distinguidos Señores:
Al amparo de la Ley 137, de 1971 (y de su Reglamento de Aplicación), por medio de la cual se creaba el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones CEDOPEX (hoy Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CEI-RD), se establecía en dicha institución un Plan de Retiro y Pensiones alimentado por los fondos obtenidos por descuentos mensuales de su sueldo realizados a los empleados, independientemente de los descuentos de la Seguridad Social y otros.
En el Reglamento de dicha Ley 137 se especificaba que los empleados, a partir de una cierta edad, del número de años laborando en CEDOPEX y del monto de sus aportes al Plan, calificaban para obtener una pensión sustentada por dichos aportes a los fondos del Plan de Retiro durante los años en que prestaron sus servicios a esa institución.
El Reglamento entonces vigente de dicha Ley 137, establecía que, pasados los 15 años de servicio ininterrumpido en CEDOPEX y rebasados los cuarenta años de edad, el empleado aplicaba para una PENSION, proporcional a su sueldo y al número de años trabajados. Esto, de hecho, y de forma legal, no era más que una devolución por cuotas mensuales de sus aportes al Plan durante el tiempo de los servicios prestados por el empleado a la institución.
A estos aportes reales se sumaba una cuota extra del Plan, proporcional a dichas contribuciones del empleado y generada por los intereses producidos de modo exponencial por la masa total del capital aportado por el conjunto de los empleados del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX).
Como efecto de irregularidades procedimentales cometidas en el transcurso de varias administraciones de CEDOPEX, que desconocieron lo especificado por la Ley 137 en lo relativo al Plan de Retiro y Pensiones, se utilizaron inadecuadamente los fondos del Plan de Retiro, pertenecientes exclusivamente a los empleados, y en un abuso de poder en flagrante violación de la Ley, dichos fondos fueron destinados a gastos corrientes de la institución.
Esta situación de irregularidad produjo, sin el conocimiento de los empleados, una quiebra o descapitalización del Plan, con el subsiguiente colapso de éste. Dicho estado de cosas le impidió a la institución traspasar los fondos del Plan a la Secretaría de Estado de Finanzas para transferir a ese grupo de pensionados al Sistema de Pensiones del Estado como lo establecen las leyes correspondientes.
Además, la Ley 87-01, de Seguridad Social, entró en vigencia en cuanto al Régimen Contributivo de las Pensiones en junio del 2003, mientras que el grupo de personas pensionadas por CEDOPEX adquirió su derecho a pensión mediante la Sexta Resolución adoptada por su Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria del fecha 16 de diciembre del 2002, y acogiéndose a lo estipulado en el Acta No. 2-2002 del Plan de Retiro y Pensiones.
Por todo ello, a dichos empleados no se les puede aplicar dicha ley de FORMA RETROACTIVA, como se pretende hacer actualmente, ya que la Contraloría de la República no reconoce a ese grupo de personas como pensionadas por el Estado. Todas estas irregularidades, DE LA QUE NO SOMOS RESPONSABLES LOS EMPLEADOS, nos sitúan en un limbo jurídico y financiero en el marco del sistema contable del Estado.
No obstante, el CEI-RD, bajo al dirección del Lic Eddy Martínez Manzueta, se responsabilizó de la situación de los Pensionados y complementa su presupuesto con fondos provenientes de la Dirección General de Aduanas (unos RD$ 700, 000 –Setecientos Mil Pesos), y de ese modo ha podido cumplir hasta la fecha, pero con retrasos, su compromiso con los antiguos empleados que adquirieron su derecho a pensión con el dinero de sus aportes.
Sin embargo, a eso se agrega que la Contraloría de la República no reconoce la nómina de pensionados del CEI-RD y recientemente se nos ha colocado en una Nómina transitoria (una suerte de nominilla) sujeta a regularidad, lo cual nos coloca en una situación de inestabilidad y sospecha moral a empleados que cumplimos con más de quince años de servicios honestos, con responsabilidad, disciplina y lealtad, y muchos de ellos con reconocimientos oficiales por sus labores y aportes a la institución. Así no se debe pagar por el digno cumplimiento de sus responsabilidades a los mencionados trabajadores, algunos de las cuales tenemos más de treinta años al servicio del Estado Dominicano.
Actualmente, después de 10 años (DIEZ AÑOS) transcurridos desde las últimas pensiones concedidas, tiempo durante el cual las autoridades del CEI-RD han cumplido con su responsabilidad de cara a los pensionados, 46 (CUARENTA Y SEIS) empleados del antiguo CEDOPEX, muchos de ellos que habían agotado más de un cuarto de siglo laborando en aquella institución (hoy CEI-RD: Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana), pasan por la lamentable situación de ver irregularizados brutalmente sus pagos mensuales por concepto de una pensión legítima, pírrica y casi miserable por lo demás, y de la que dependen para subsistir. Hasta se nos ha amenazado con suspender dichos pagos por ausencia de los fondos procedentes de Aduanas.
Esta reciente dificultad, resultado de las limitaciones presupuestarias en el CEI-RD, y de los mencionados retrasos en el envío de los fondos procedentes de Aduanas para honrar el compromiso legalmente contraído con los beneficiarios de dicho Plan de Pensiones, nos mantiene muy preocupados y más que vigilantes, profundamente consternados, a los pensionados de CEDOPEX, quienes no deseamos ver violentados nuestros derechos adquiridos.
No obstante, hemos confiado pacientemente en el ORDEN DE DERECHO que impera en República Dominicana y en la voluntad de respetar la INSTITUCIONALIDAD que creeemos caracteriza a la presente Gestión de Gobierno.
POR ELLO, APELAMOS A LA MAGNANIMIDAD, SENTIDO DE LA JUSTICIA Y BUENOS OFICIOS DE LAS PRESENTES AUTORIDADES PARA LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA QUE AMENAZA CON QUITARLES EL PAN Y LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SUS MEDICAMENTOS A PERSONAS QUE RINDIERON SERVICIOS EN CEDOPEX DURANTE LARGOS AÑOS, ALGUNAS DE LAS CUALES HOY PRESENTAN SEVEROS PROBLEMAS DE SALUD, TALES COMO CÁNCER, CEGUERA, SECUELAS DE INFARTOS, PARÁLISIS, ENTRE OTRAS GRAVES DOLENCIAS.
La situación, actualmente, resulta exasperante. Confiamos en una solución real, legal, rápida y sobre todo justa, a un problema que no fue creado por los empleados sino por autoridades desaprensivas de CEDOPEX que violentaron las normas y protocolos reguladores de dicho Plan de Retiro y Pensiones y transgredieron las legislaciones que regulan las pensiones de los empleados públicos en la República Dominicana.
EMPLEADOS PENSIONADOS POR PLAN DE RETIROS Y PENSIONES DE CEDOPEX, HOY CEI-RD
Santo Domingo, República Dominicana.
Llamado al doctor Leonel Fernández Reyna, Presidente Constitucional de la República y al licenciado Eddy Matínez Manzueta, Secretario de Estado/ Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CEI-RD, (Antiguo Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX).
Distinguidos Señores:
Al amparo de la Ley 137, de 1971 (y de su Reglamento de Aplicación), por medio de la cual se creaba el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones CEDOPEX (hoy Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CEI-RD), se establecía en dicha institución un Plan de Retiro y Pensiones alimentado por los fondos obtenidos por descuentos mensuales de su sueldo realizados a los empleados, independientemente de los descuentos de la Seguridad Social y otros.
En el Reglamento de dicha Ley 137 se especificaba que los empleados, a partir de una cierta edad, del número de años laborando en CEDOPEX y del monto de sus aportes al Plan, calificaban para obtener una pensión sustentada por dichos aportes a los fondos del Plan de Retiro durante los años en que prestaron sus servicios a esa institución.
El Reglamento entonces vigente de dicha Ley 137, establecía que, pasados los 15 años de servicio ininterrumpido en CEDOPEX y rebasados los cuarenta años de edad, el empleado aplicaba para una PENSION, proporcional a su sueldo y al número de años trabajados. Esto, de hecho, y de forma legal, no era más que una devolución por cuotas mensuales de sus aportes al Plan durante el tiempo de los servicios prestados por el empleado a la institución.
A estos aportes reales se sumaba una cuota extra del Plan, proporcional a dichas contribuciones del empleado y generada por los intereses producidos de modo exponencial por la masa total del capital aportado por el conjunto de los empleados del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX).
Como efecto de irregularidades procedimentales cometidas en el transcurso de varias administraciones de CEDOPEX, que desconocieron lo especificado por la Ley 137 en lo relativo al Plan de Retiro y Pensiones, se utilizaron inadecuadamente los fondos del Plan de Retiro, pertenecientes exclusivamente a los empleados, y en un abuso de poder en flagrante violación de la Ley, dichos fondos fueron destinados a gastos corrientes de la institución.
Esta situación de irregularidad produjo, sin el conocimiento de los empleados, una quiebra o descapitalización del Plan, con el subsiguiente colapso de éste. Dicho estado de cosas le impidió a la institución traspasar los fondos del Plan a la Secretaría de Estado de Finanzas para transferir a ese grupo de pensionados al Sistema de Pensiones del Estado como lo establecen las leyes correspondientes.
Además, la Ley 87-01, de Seguridad Social, entró en vigencia en cuanto al Régimen Contributivo de las Pensiones en junio del 2003, mientras que el grupo de personas pensionadas por CEDOPEX adquirió su derecho a pensión mediante la Sexta Resolución adoptada por su Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria del fecha 16 de diciembre del 2002, y acogiéndose a lo estipulado en el Acta No. 2-2002 del Plan de Retiro y Pensiones.
Por todo ello, a dichos empleados no se les puede aplicar dicha ley de FORMA RETROACTIVA, como se pretende hacer actualmente, ya que la Contraloría de la República no reconoce a ese grupo de personas como pensionadas por el Estado. Todas estas irregularidades, DE LA QUE NO SOMOS RESPONSABLES LOS EMPLEADOS, nos sitúan en un limbo jurídico y financiero en el marco del sistema contable del Estado.
No obstante, el CEI-RD, bajo al dirección del Lic Eddy Martínez Manzueta, se responsabilizó de la situación de los Pensionados y complementa su presupuesto con fondos provenientes de la Dirección General de Aduanas (unos RD$ 700, 000 –Setecientos Mil Pesos), y de ese modo ha podido cumplir hasta la fecha, pero con retrasos, su compromiso con los antiguos empleados que adquirieron su derecho a pensión con el dinero de sus aportes.
Sin embargo, a eso se agrega que la Contraloría de la República no reconoce la nómina de pensionados del CEI-RD y recientemente se nos ha colocado en una Nómina transitoria (una suerte de nominilla) sujeta a regularidad, lo cual nos coloca en una situación de inestabilidad y sospecha moral a empleados que cumplimos con más de quince años de servicios honestos, con responsabilidad, disciplina y lealtad, y muchos de ellos con reconocimientos oficiales por sus labores y aportes a la institución. Así no se debe pagar por el digno cumplimiento de sus responsabilidades a los mencionados trabajadores, algunos de las cuales tenemos más de treinta años al servicio del Estado Dominicano.
Actualmente, después de 10 años (DIEZ AÑOS) transcurridos desde las últimas pensiones concedidas, tiempo durante el cual las autoridades del CEI-RD han cumplido con su responsabilidad de cara a los pensionados, 46 (CUARENTA Y SEIS) empleados del antiguo CEDOPEX, muchos de ellos que habían agotado más de un cuarto de siglo laborando en aquella institución (hoy CEI-RD: Centro de Exportaciones e Inversión de la República Dominicana), pasan por la lamentable situación de ver irregularizados brutalmente sus pagos mensuales por concepto de una pensión legítima, pírrica y casi miserable por lo demás, y de la que dependen para subsistir. Hasta se nos ha amenazado con suspender dichos pagos por ausencia de los fondos procedentes de Aduanas.
Esta reciente dificultad, resultado de las limitaciones presupuestarias en el CEI-RD, y de los mencionados retrasos en el envío de los fondos procedentes de Aduanas para honrar el compromiso legalmente contraído con los beneficiarios de dicho Plan de Pensiones, nos mantiene muy preocupados y más que vigilantes, profundamente consternados, a los pensionados de CEDOPEX, quienes no deseamos ver violentados nuestros derechos adquiridos.
No obstante, hemos confiado pacientemente en el ORDEN DE DERECHO que impera en República Dominicana y en la voluntad de respetar la INSTITUCIONALIDAD que creeemos caracteriza a la presente Gestión de Gobierno.
POR ELLO, APELAMOS A LA MAGNANIMIDAD, SENTIDO DE LA JUSTICIA Y BUENOS OFICIOS DE LAS PRESENTES AUTORIDADES PARA LA SOLUCIÓN DE UN PROBLEMA QUE AMENAZA CON QUITARLES EL PAN Y LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SUS MEDICAMENTOS A PERSONAS QUE RINDIERON SERVICIOS EN CEDOPEX DURANTE LARGOS AÑOS, ALGUNAS DE LAS CUALES HOY PRESENTAN SEVEROS PROBLEMAS DE SALUD, TALES COMO CÁNCER, CEGUERA, SECUELAS DE INFARTOS, PARÁLISIS, ENTRE OTRAS GRAVES DOLENCIAS.
La situación, actualmente, resulta exasperante. Confiamos en una solución real, legal, rápida y sobre todo justa, a un problema que no fue creado por los empleados sino por autoridades desaprensivas de CEDOPEX que violentaron las normas y protocolos reguladores de dicho Plan de Retiro y Pensiones y transgredieron las legislaciones que regulan las pensiones de los empleados públicos en la República Dominicana.
EMPLEADOS PENSIONADOS POR PLAN DE RETIROS Y PENSIONES DE CEDOPEX, HOY CEI-RD
Santo Domingo, República Dominicana.
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